Es un tipo de responsabilidad por incumplimiento de deberes y obligaciones en materia de prevención de riesgos, al margen de la producción de un resultado dañoso, de naturaleza público-sancionadora.

Las actuaciones derivadas del incumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales podrá suponer:

• Paralización de los trabajos.
• Recargos de prestaciones económicas a la Seguridad Social.
• Suspensión o cierre del centro de trabajo.
• Incremento de las primas.
• Limitación temporal a la facultad de contratar con la Administración.
• Sanciones económicas: multas.

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece que: “son infracciones laborales en materia de Prevención de Riesgos Laborales las acciones u omisiones de los empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral, sujetos a responsabilidad conforme a la presente Ley”.

Estas infracciones se someten a los requisitos de tipificación y graduación, pudiendo ser calificadas de: leves, graves y muy graves, según sea la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado.

Toda infracción legalmente tipificada lleva aparejada la sanción administrativa correspondiente. Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, en función de diferentes factores a valorar:

• La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.
• El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las mencionadas actividades.
• La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
• El número de trabajadores afectados.
• Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por este en orden a la prevención de los riesgos.
• La inobservancia de las propuestas realizadas por los Servicios de Prevención, los Delegados de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes.
• La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

La responsabilidad penal se producirá como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

Responsabilidad penal. Delito de Riesgo

Artículo 316 del Código Penal: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”

Responsabilidad penal. Delito de resultado

HOMICIDIO (artículo 142 del Código Penal):

“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

“Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”.

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LESIONES (artículo 152 del Código Penal):

• Prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, siempre que la lesión requiera, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.
• Prisión de uno a tres años, si se trata de lesiones que causan la pérdida o la inutilidad de un órgano, miembro principal o de un sentido, impotencia, esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.
• Prisión de seis meses a dos años, si se trata de que lesiones que causan la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o su deformidad.

“Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.”

La responsabilidad civil tiene lugar cuando a consecuencia de una conducta inadecuada se produce un daño para la salud o la integridad física del trabajador, o incluso su fallecimiento.

Aparte del daño para la salud, tienen que darse otros condicionantes, que son la negligencia y la causalidad.

La responsabilidad civil consiste en la imposición de una indemnización por los daños y perjuicios causados, que será fijada por la autoridad judicial competente en función de los daños ocasionados.

La responsabilidad civil es asegurable y compatible con las responsabilidades administrativas y con el recargo de las prestaciones económicas al Sistema de Seguridad Social, y el plazo de prescripción de la misma es de un año.

Supone un aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, siendo este recargo no asegurable e independiente y compatible con el resto de las responsabilidades.

Es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

• Existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las prestaciones ordinarias del sistema de la Seguridad Social.
• Lesión provocada por incumplimiento de alguna obligación en materia de seguridad y salud, existiendo culpa o negligencia del empresario.
• Existencia de un nexo causal entre la falta y el siniestro.
• Existencia de un perjuicio causado por el siniestro.

El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social establece que:

“Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.”